El riesgo país, en sentido amplio, hace referencia a la incertidumbre asociada al rendimiento de la inversión que surge al negociar con las empresas o instituciones de un Estado determinado, y trata de las posibles consecuencias negativas referentes al valor de los activos situados en dicho Estado o a los derechos de los residentes en el mismo como consecuencia de alteraciones en las estructuras políticas, económicas y sociales del país en cuestión.
Asimismo, llamamos riesgo país en un sentido estricto, al que se asume por el hecho de adquirir activos financieros emitidos por entidades de un Estado extranjero, o por conceder préstamos o créditos a residentes en el mismo, y más en concreto, se refiere a la posibilidad de que globalmente respecto de dicho Estado, el cobro de los dividendos, intereses y/o principal de la deuda se retrase o no sea posible.
Son factores de los que depende el valor del riesgo país, los siguientes:
- la estabilidad política del régimen actual en el poder
- la concreción de variables económicas tales como: la inflación, los déficits de la balanza de pagos, la tasa de crecimiento del PIB per cápita, el grado de responsabilidad fiscal, el grado de control de cambios, el gasto improductivo nacional, el grado de posesión de recursos básicos, …
- los factores subjetivos derivados de la percepción general sobre las actitudes frente a la empresa privada y la inversión extranjera, tales como: la incertidumbre sobre los derechos de propiedad, la fuga de capitales, …
Las empresas deben valorar a la luz de los riesgos expuestos si deben invertir o no en un determinado país, debiendo elegir al planificar el proyecto de inversión en un país extranjero entre: evitarlo, asegurarlo, negociarlo y estructurarlo.
En todo caso, y una vez efectuada la inversión en un país extranjero, se podrán seguir las siguientes políticas con objeto de reducir el riesgo descrito: la desinversión planificada, el maximizar el beneficio a corto plazo, cambiar la ratio coste/beneficio, buscar inversores locales, o adaptarnos en caso de una inevitable nacionalización (negociando, ejerciendo presión o planteando soluciones legales).