Sólo pueden computarse como antecedentes penales las condenas firmes, es decir, aquellas sentencias condenatorias dictadas en el marco de un proceso penal, contra las que no cabe recurso alguno.
Esto sólo es predicable respecto de hechos que sean constitutivos de infracción penal calificados como delito, donde debe incluirse también los delitos leves.
Cuando se dicta una sentencia firme de condena se comunica al Registro Central de Penados y Rebeldes para su inscripción, por lo que, a partir de ese momento en los ficheros del Ministerio de Justicia a ese sujeto condenado le constará un antecedente penal. En ese registro figurará el condenado, con su filiación completa, o lo que de él se conozca: nombres y apellidos, documento nacional de identidad, nombre y apellidos de los progenitores, etc. así como el delito por el que ha sido condenado y la duración de la pena.
Es un registro con datos de carácter reservado al que sólo se puede tener acceso por el propio interesado o por los órganos oficiales cuando esté justificada su petición.
Cuando se inicia una instrucción judicial contra determinada persona sospechosa de la comisión de un delito, la primera diligencia cursada por dicho órgano es la petición de los antecedentes penales al Registro Central de Penados y Rebeldes.
Tener algún antecedente penal tiene consecuencias no sólo en el ámbito penal sino también en el ámbito laboral. Cuando se aprueba cualquier oposición o se pretende trabajar en el ámbito de la Administración, cualquiera que sea ésta: autonómica, estatal o local, el primer documento oficial que se solicita es la hoja de antecedentes penales.
En la esfera penal las consecuencias pueden ser de diversa índole y afectar al sujeto que tiene antecedentes penales tanto en la fase de instrucción como en la de enjuiciamiento:
- Cuando un sujeto ha sido detenido por la comisión de un delito, éste debe ser puesto a disposición del juzgado competente, quien decidirá sobre su puesta en libertad o sobre su ingreso en prisión. Si al juez le constan varios antecedentes penales por ese mismo delito, el juez de guardia puede acordar su ingreso en prisión.
- Los antecedentes penales también se pueden tener en cuenta a los efectos de aplicar la agravante de reincidencia.
- Cuando se impone una sentencia condenatoria, el tribunal o juez sentenciador puede acordar la suspensión de la pena impuesta, siempre y cuando no se trate de un delincuente primario, por lo que difícilmente puede obtener dicho beneficio un reo habitual.